Edificio del Conde de Fenosa, en la ciudad herculina. | M. N.
La orden judicial de derribo sobre el edificio Conde de Fenosa ha sido asumida por el nuevo alcalde, Carlos Negreira, como una de las más nefastas herencias del anterior gobierno municipal. El plazo dado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para ejecutar la sentencia expiraba este martes, por lo que el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso de súplica que espera que "sea admitido", tal y como señaló el nuevo edil de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Martín Fernández Prado.
Prado ha criticado que haya tenido que tomar decisiones "en mis primeras 24 horas" por "problemas heredados". Desde que se dio a conocer el auto el pasado 27 de mayo, y todavía con Javier Losada como alcalde en funciones, ambos gobiernos han tratado de consensuar una fórmula jurídica para impedir el fatal desenlace, que causaría un grave perjuicio tanto a las más de 100 familias del inmueble como al propio Ayuntamiento. Las pérdidas económicas cercanas a los 45 millones provocarían, además, la quiebra de las arcas públicas.
Junto al recurso de súplica, el Gobierno local ha presentado también un incidente de nulidad procesal por incongruencia jurídica "ante la posible inadmisión del primero", ha dicho el estrenado concejal, que ha enviado un mensaje de apoyo a los vecinos "víctimas de una irregularidad que no buscaron". Con estas medidas pretenden "ganar tiempo" para seguir "explorando nuevas vías", entre ellas la solicitud de imposibilidad de ejecución de la sentencia.
El auto del TSXG contempla la posibilidad de interponer recursos de súplica por parte de los demandados contra el fallo judicial, que viene ordenando su demolición del edificio desde 2001. Algo que ya hizo el Ayuntamiento en tres ocasiones anteriores y que ahora han hecho los propietarios del inmueble, que confían en la opción de ejecutar la sentencia sin llevar a cabo el derribo. Francisco Canabal, presidente de la Asociación Provincial de Hospedaje y dueño de dos locales en el edificio se muestra convencido de que existe "una fórmula efectiva" y que incluso el propio TSXG "quiere archivar el caso".
Sin embargo, los jueces han tirado por tierra en muchas ocasiones los intentos del Gobierno local de legalizar el inmueble e insisten en que el Ayuntamiento vulneró la legalidad urbanística al conceder la licencia de construcción en 1997 que no se ajustaba a lo establecido en plan general de 1985, vigente en aquel momento, sino al plan del 98, aún no aprobado.
Estrategias contra la demolición
Hasta ahora se han debatido varias fórmulas, como la barajada por los propietarios que pretenden que el edificio sea declarado singular para sacarlo de la ordenación urbanística vigente. De este modo, y tal como apunta Francisco Canabal, el inmueble "quedaría protegido y no tendría que cumplir la normativa actual por lo que se evitaría la demolición".
En la misma línea que los propietarios se pronuncia el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, que considera que las irregularidades en la concesión de la licencia "ya han sido subsanadas" y que derribar el edificio "sería una locura" ya que el propio plan general contempla "levantar otro de mayor edificabilidad y altura". Para Yañez el hecho de que el inmueble se levante en suelo urbano consolidado y deba ser demolido es "un contrasentido".
Valentín Souto es el arquitecto que recurrió la primera licencia del edificio y al que los tribunales le dieron la razón al dictaminar la primera sentencia de derribo en 2001. Su abogado, Miguel Vázquez, sostiene que cualquier acto que no sea ejecutar la sentencia en sus términos "bordearía lo ilegal". Además, de no hacerlo, el Ayuntamiento "incurriría en delito de desobediencia que podría conllevar a la inhabilitación".
Vázquez rechaza soluciones como incluir el edificio fuera de ordenación y declararlo singular porque "esta propuesta sería anulada y estaríamos en la misma posición que estamos ahora". También la descarta, José Manuel Mihura, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) en A Coruña, que dice que sería "una chapuza, tapar una trampa con otra".
Compras de inmuebles a pesar de la ilegalidad
Cuando la constructora Fadesa recibió en 1997 la licencia para transformar en viviendas la antigua sede de Unión Fenosa, Souto interpuso la primera denuncia. El demandante señaló que algunos de los compradores ya sabían que existían visos de ilegalidad en el edificio cuando realizaron su compra. Es el caso de Francisco Canabal, que adquirió el primero de sus locales comerciales en 2001 pero que sostiene que, por aquel entonces, "nada avalaba la demanda de este particular".
Sin embargo, en ese año el TSXG ya emitió una primera sentencia de demolición en la que ratificaba esta ilegalidad en la licencia. Los propietarios que adquirieron viviendas después de 2001 no fueron informados por Fadesa de la sentencia de derribo, según explica el letrado del demandante Miguel Vázquez, "algo que tendría que habérseles comunicado".
Para Vázquez hay dos culpables en este asunto, "Fadesa y los responsables municipales que dieron esta licencia ilegal". Aboga porque ahora sea la propia empresa constructora y no el ayuntamiento la que respondan ante las pérdidas para los propietarios y los gastos de la demolición. "Debe indemnizarlos y ser responsable de los perjuicios causados". Lo mismo opina el BNG de A Coruña, que ve "un despropósito" que PSOE y PP eximan de la responsabilidad económica a Fadesa "cuando esta entidad fue la gran beneficiada de la licencia ilegal". También el COAG insta a que la promotora asuma parte de su responsabilidad.
Mientras se siguen cruzando reproches, la solución para salvar el Conde de Fenosa parece cada vez más lejana y el peso de la Justica cada vez mayor. Un problema heredado y una amenaza constante desde hace más de una década, que puede acarrear consecuencias terribles de carácter social y económico.
